Es la primera identificación en el marco del convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el Equipo Argentino de Antropología Forense - EAAF - y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A través del convenio para los hospitales públicos provinciales toman muestras de sangre a familiares de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, para su análisis y comparación con unos 600 restos óseos hallados en fosas comunes e individuales que datan de esa época y aún falta identificar.
En el caso de Perego, la muestra fue tomada a su hijo en el Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Rodolfo Rossi de la ciudad de La Plata, en julio de 2022.
El anuncio sobre la identificación fue realizado en el Auditorio Hebe de Bonafini de la subsecretaría, con la presencia del Subsecretario de DDHH, Matías Moreno, la viceministra de Salud, Alexia Navarro, el Director Provincial de Hospitales, Juan Riera, y familiares de Alberto Perego, sus hijos Omar y Fernando.
“La articulación entre los diferentes organismos potencia las políticas públicas, es el mandato del gobernador Axel Kicillof, y demuestra que da resultados. Es un orgullo hacer este anuncio en el Auditorio Hebe Pastor de Bonafini. Gracias al EAAF por la dedicación para realizar estas identificaciones”, sostuvo Matías Moreno.
En tanto, la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, expresó su satisfacción por la identificación de estos restos y destacó que la importancia de los hospitales en la obtención de muestras de sangre para lograrlo y agregó “por eso nos propusimos fortalecer todas las políticas de Estado, de identidad, ser parte y garantizar el acceso a todas y todos los ciudadanos a partir de la firma del convenio”.
En el cierre de la conferencia hicieron uso de la palabra los hijos de Alberto Perego, Omar y Fernando, quienes contaron parte de la historia de vida de su padre, que desapareció cuando ellos cursaban la escuela primaria de Tolosa.
“Nos acordamos de la Unidad Básica, nos llevaba, lo veíamos poco porque estábamos más con nuestra madre que también está desaparecida, fue secuestrada en Temperley. Vivimos siempre en Tolosa con nuestra abuela materna. A mí papá lo esperábamos, nos contaban muchas versiones, ahora sabemos donde está. Le vamos a poder llevar una flor”, indicaron.
Acompañaron el anuncio integrantes de organismos de derechos humanos de la región y estuvieron presentes la coordinadora de las áreas de DDHH de la Dirección Provincial de Hospitales, Noemí Logiurato, además de autoridades del Ministerio de Salud, y el secretario general del Sindicato de Carga y Descarga, Daniel Vila, quien en la actualidad el referente de las y los trabajadores del Mercado Regional.
Alberto había nacido el 23 de noviembre de 1952, militante de Juventud Peronista, se había convertido en empleado en el Mercado Regional de La Plata. A la edad de 25 años, fue secuestrado-desaparecido.
La fecha de desaparición/asesinato data del 11 de octubre de 1977 según consta en el certificado de defunción en el campo de deportes ubicado en calles 32 y 23; hoy Estadio Diego Armando Maradona.
Por el hecho, en el año 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de La Plata condenó a prisión perpetua a seis ex efectivos de la Policía Federal acusados de tres homicidios, de tres secuestros y de aplicar tormentos, cometidos en una serie de procedimientos perpetrados en octubre de 1977.
Ahora se sabe que la víctima identificada como Jorge o La Chancha, era Alberto Perego, gracias al análisis efectuado por el EAAF.
Los otros militantes asesinados son Adela Fonrouge; Juan José Libralato; Juan José Cugura; Irma Guzmán; y Mauricio Mansilla.
Los policías condenados son el jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga; el ex inspector Rafael Oscar Romero; el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz; el ex cabo Roberto Arturo Gigli, quien además era Personal Civil de Inteligencia del Ejército; y los ex cabo 1° Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez, quien es el único que no revistaba en la delegación platense sino que prestaba servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal.
La principal prueba que implicó a los ex policías en los hechos juzgados fue un documento elaborado por la propia Policía Federal en la que se solicitaba el ascenso de los mencionados efectivos por haber participado en un operativo represivo en 1977.
