Sebastián Font, a cargo del Juzgado Civil 36, resultó sorteado como nuevo juez en la causa que investiga supuestas irregularidades en los padrones para las elecciones en el club Boca Juniors, que debían realizarse el 3 de diciembre último. Tras la decisión de la jueza Alejandra Abrevaya de correrse de la causa luego de decidir la suspensión de los comicios, la magistrado Analía Romero imitó la decisión y decidió excusarse. Por lo tanto este miércoles se designó a Font, que aún debe decidir si acepta. Mientras tanto, aún no hay nueva fecha para la realización de los comicios.
El martes había sido otro día movido en Boca. Cerca del mediodía, la jueza Analía Victoria Romero, que 24 horas antes había sido sorteada en reemplazo de su colega Alejandra Débora Abrevaya (recusada por la lista oficialista encabezada por Juan Román Riquelme), requirió apartarse de la causa por su condición de socia activa de Boca.
El lunes por la noche, el Riquelme había asegurado en una entrevista con el canal oficial del club que tanto Romero como su marido y sus hijos habrían obtenido su carnet de activos durante la primera presidencia de Angelici, y sin haber pasado antes por la categoría de adherentes. “Si la jueza aceptó ser socia en 2013 fue porque creyó que estaba todo en regla. Entonces para nosotros esto es una gran noticia, porque significa que vamos a tener elecciones”, razonó Riquelme. Horas más tarde, y de manera inesperada, Romero solicitó su excusación “a fin de preservar la debida administración de justicia y neutralizar cualquier temor de parcialidad que tal circunstancia pudiera albergar en los sometidos a juzgamiento”.
Ahora, la Cámara tendrá tres asuntos por atender. El más importante: si revoca o ratifica la medida cautelar expedida por la jueza Abrevaya, que ordenó la suspensión provisoria de las elecciones en Boca tras detectar anomalías en el padrón electoral. Entre ellas, el pase a activos de más de 13.000 socios que habrían alcanzado esa condición sin respetar la prioridad por antigüedad que establece el artículo 19 del Estatuto.
Si la Cámara revalida la cautelar de Abrevaya, la posibilidad de votar el 17 de diciembre quedará automáticamente descartada. La “causa Boca” volverá a manos del juzgado interviniente y se retomará la investigación que buscará determinar cuántos de los 98.000 socios que figuran en el padrón están realmente en condiciones de sufragar, ya que el oficialismo, amparado en el artículo 6 del mismo reglamento, asegura que las Comisiones Directivas de turno tienen la potestad de fijar por sí misma las políticas de ingreso y de recategorización de los socios.
