A dos meses de conocida una investigación judicial que determinó que más de 160 mil planes sociales fueron asignados a personas que viajaron al exterior, incluso en aviones y yates, esos beneficios todavía no fueron dados de baja. Las estimaciones hablan de 12 mil millones de pesos mensuales.
Hace una semana, el Gobierno había tomado la decisión de anular esos beneficios, pero hasta ahora lo único que hubo fue una comunicación oficial del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Pettovello, que resolvió anular sólo 4.588 planes que eran cobrados por empleados públicos. Del resto, por ahora, no hay decisión a la vista.
Para entender la noticia hay que remontarse a fines de octubre, cuando el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, a través de una investigación preliminar determinó que desde 2020, en el inicio del programa 159.919 beneficiarios viajaron al exterior, algunos incluso en avión y yates. “Esta circunstancia es palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”, advirtió esa investigación, con estricto sentido común.
Haciendo entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que viajaron al exterior 817 personas en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificó. De los movimientos en avión, 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.
Esta escandalosa incompatibilidad motivó que la entonces ministra Tolosa Paz tomara contacto con la unidad fiscal y se comprometiera a tomar cartas en el asunto de manera inmediata para subsanar un error a todas vista evidente. Pasó todo noviembre, la derrota de Unión por la Patria, y los primeros diez días de diciembre y no se avanzó. Los beneficiarios siguieron cobrando y Tolosa Paz asumió una banca en la Cámara de Diputados.
Asumida Sandra Pettovello y el secretario de Desarrollo Social, Pablo De la Torre se retomó el mismo compromiso de que se dejaría de manera inmediata sin efecto esos beneficios. A poco de cumplirse un mes y cuando se acerca el plazo de liquidación de esos beneficios, hasta este viernes no hubo una definición oficial sobre qué pasará con esos 160 mil beneficios otorgados a personas que los necesitan.
Es importante, habida cuenta de la gestión de dos ministras, recordar uno de los pasajes de la denuncia que hizo Marijuan a fines de octubre pasado: “Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”. Habida cuenta de la demora en tomar una decisión, parecería que esa alerta no fue tomada en cuenta con la urgencia pertinente.
Y más todavía es relevante la advertencia que hizo la Fiscalía sobre el impacto en términos presupuestarios de esta demora. Por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, se indicó.
