En un operativo sin precedentes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fiscalizó la totalidad de las rutas nacionales del país, detectando 152 radares fijos que operaban sin la autorización correspondiente. Ante estas irregularidades, el organismo exigió el cese inmediato de su uso y el retiro de los dispositivos, reforzando su rol como máxima autoridad de control. El objetivo principal de esta medida es evitar que la fiscalización se convierta en una práctica meramente recaudatoria y asegurar que cumpla con su función técnica de prevenir siniestros viales.
El relevamiento de más de 40.000 kilómetros permitió además auditar los 526 cinemómetros que contaban con habilitación previa. Los resultados mostraron inconsistencias significativas: de los 363 equipos fijos autorizados, 124 no fueron hallados en el lugar declarado. Como consecuencia, la ANSV comenzó a intimar a las jurisdicciones responsables para que regularicen su situación técnica o informen el estado operativo de los equipos, bajo apercibimiento de dar de baja definitiva las autorizaciones y revocar las licencias vigentes.
Este proceso de saneamiento cuenta con el respaldo de la Ley Nacional 26.363 y un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la competencia exclusiva de la ANSV sobre las rutas nacionales. Para que una fotomulta sea válida, debe ser emitida por un radar homologado y correctamente señalizado, incluyendo datos como el número de serie del equipo y la vigencia de su calibración. El organismo recordó a los conductores que pueden consultar el listado de radares habilitados a través de su sitio web oficial para verificar la legalidad de cualquier infracción recibida.
